Los ecologistas piden que se cumpla la ley y se retire una antena de telefonía

DIARIO INFORMACIÓN 7/12/2006

Rafa Jover.

El grupo naturalista de Monóvar «Heliaca» va a pedir al alcalde de Monóvar, el popular Salvador Poveda Bernabé, que «el Ayuntamiento de Monóvar cumpla con las ordenanzas municipales que él mismo aprueba y que retire mediante procedimiento de ejecución subsidiaria la instalación de telefonía móvil por haber transcurrido más de dos años desde la entrada en vigor de la ordenanza». Los ecologistas monoveros denuncian que «en la calle Exconvent, dentro del casco urbano, se encuentra una instalación de telefonía móvil, rodeada de viviendas y, a pocos metros, de un centro de educación de adultos, de una residencia de ancianos y del mercado de abastos». Heliaca denuncia que «el Ayuntamiento monovero, en pleno municipal, aprobó el 22 de julio de 2004, una ordenanza municipal sobre el funcionamiento de instalaciones de radiocomunicación y telefonía móvil en el término municipal de Monóvar». Esta ordenanza, según el grupo Heliaca, ponía de manifiesto, entre otras cosas que: 1.- «Las instalaciones y/o infraestructuras de radiocomunicación deberán ubicarse en suelo no urbanizable, con unas distancias de al menos 100 metros de una vivienda y de 500 metros de un centro educativo, sanitario, geriátrico o análogo». 2.- «Las instalaciones de radiocomunicación de telefonía móvil con licencia concedida antes de la entrada en vigor de la presente ordenanza, deberán ajustarse a la normativa presente y en caso de no ser posible, deberán clausurarse en el plazo máximo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta ordenanza». Y 3.- «Si pasados los seis meses no se ha presentado el programa de desarrollo por parte del titular o responsable, se procederá a la retirada inmediata de la instalación de radio comunicación de telefonía móvil, mediante procedimiento de ejecución subsidiaria». Presunto delito Para Heliaca «el propio grupo de gobierno municipal del PP-GIMV está incumpliendo una ordenanza que ellos mismos aprobaron en el año 2004 y que el plazo de 6 meses, que la ordenanza contempla para la retirada de las antenas motivo de ejecución de retirada, se ha cumplido con creces, sin que el gobierno municipal haya actuado en consecuencia, de ahí que sus miembros puedan haber incurrido en un «presunto» delito, ya no sólo ecológico, sino también de prevaricación». Por otro lado, desde el Ayuntamiento se asegura que se han pedido informes técnicos para recabar la situación de las antenas.